Desde que la Ley Orgánica 1/2025 ha entrado en vigor, los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) son requisito indispensable antes de presentar una demanda civil o mercantil. Sin embargo, la gran pregunta era: ¿cómo se acredita este paso previo? Aquí es donde aparece PIMASC, la plataforma digital oficial creada por el Ministerio de Justicia.
¿Qué es PIMASC?
El Portal de Interoperabilidad de MASC (PIMASC) permite registrar y certificar electrónicamente varias vías extrajudiciales de resolución:
- Derecho Colaborativo
- Conciliación privada
- Oferta vinculante confidencial
- Opinión de persona experta independiente
- Mediación
- Negociación entre abogados
- Negociación entre las partes
- Intento de MASC infructuoso
Ventajas inmediatas:
- Simplifica el cumplimiento del requisito legal y ofrece un justificante oficial para presentar junto a la demanda.
- Reduce la burocracia y agiliza el proceso mediante una vía digital centralizada.
Pero, ¿tiene sombras?
Algunos expertos advierten de riesgos en su diseño actual:
- Las funciones de certificación pueden ser ejercidas por personas no neutralmente autorizadas, lo que pone en duda la objetividad de los registros.
- El intento infructuoso de MASC solo requiere subir un archivo genérico, lo cual deja margen para interpretaciones laxas si no cumple con los requisitos legales y ha sido realizado por profesionales que reúnen los requisitos exigidos legalmente,
Relevancia en los juzgados
Ya se detectan retos en la práctica: que deben ser tenidos en cuenta:
- Existe disparidad en criterios entre juzgados, lo que genera inseguridad jurídica.
- Ya hay tribunales que han inadmitido demandas por deficiencias formales en la acreditación de MASC.
Conclusión
En el Instituto Nexum seguiremos atentos a la evolución de PIMASC, que representa un avance decisivo hacia una justicia más eficiente y digital, alineada con la cultura del acuerdo que promueve la Ley 1/2025. Sin embargo, resulta esencial que los MASC sean desarrollados por profesionales cualificados, que garanticen el cumplimiento de los requisitos legales y cuya neutralidad e imparcialidad refuercen la seguridad jurídica y la eficacia de estos mecanismos.